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Miércoles, 15 de septiembre de 2010
El papel de los sindicatos en la crisis
El número de liberados en España es un secreto de Estado
El PP quiere conocer la cantidad de liberados de la
Administración GeneralEste es, sin embargo, uno de los datos más
reservados por el Ejecutivo
Carmen Remírez de Ganuza
El PP quiere conocer la cantidad de liberados de la
Administración General estatal, uno de los secretos mejor
guardados del Ejecutivo.
¿Cuál es el número de liberados sindicales a tiempo total y
parcial de la Administración General del Estado? Ésta es la
pregunta que, mañana hace ya un año, el PP registró por escrito
en el Congreso, y que repitió hasta 102 veces, por cada uno de
los ministerios, organismos públicos y sociedades estatales que
figuran en los Presupuestos Generales.Todo un empeño baldío, el
que personalmente acometió la diputada por Palencia Celinda
Sánchez y que ahora se transforma en denuncia, ante uno de los
secretos mejor guardados por el Ejecutivo. La madeja se extiende
a autonomías y ayuntamientos, donde parecen existir liberados
que en realidad no son delegados de los trabajadores. Es decir,
no han sido elegidos en las elecciones sindicales.Y es que,
antes aún de que Esperanza Aguirre confirmara ayer en la
Asamblea autonómica su decisión de reducir el número de
liberados en la Comunidad de Madrid, y siguiendo instrucciones
de la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, la
diputada Celinda Sánchez pedía amparo al presidente de la
Cámara, José Bono, ante el muy prolongado silencio
administrativo.En realidad, el Ejecutivo cumplió formalmente con
el trámite parlamentario el pasado mes de junio -en vísperas de
la huelga de funcionarios públicos- al contestar a 79 de estas
preguntas de una tacada y de una única manera: reproduciendo,
sin más, los artículos correspondientes del Estatuto de los
Trabajadores y de la Ley Orgánica Sindical. Pero ni un número,
ni un dato ha ofrecido el Gobierno, pasado un año, acerca de lo
que hoy no sólo Aguirre ha convertido en prioridad política,
sino que también ha asumido desde la oposición el propio Mariano
Rajoy.El presidente del PP, que respaldó personalmente la
iniciativa de la presidenta regional del PP, rehusó
comprometerse con una propuesta de reducción similar en el
Parlamento o con una instrucción, en este mismo sentido, a los
demás barones autonómicos del PP: "Lo estudiaremos", se limitó a
decir a preguntas de la prensa. El PP promoverá que se
clarifiquen los liberadosLo que sí hizo Rajoy fue dejar sentado
que el PP va a promover una clarificación del número de
liberados, tanto en la Administración como en el sector privado.
Y, para ello, prometió solicitar "reuniones con las
organizaciones sindicales". Se trata, según explicó, de ver
dónde se está "en esta materia, porque tampoco hay una claridad
total y absoluta".Esto mismo es lo que defiende la diputada
popular, si bien ella se muestra muy escéptica sobre la
colaboración de los sindicatos en este sentido: "Las centrales
sindicales no van a dar nunca ese dato. En un momento como éste
de recortes sociales, millones de parados y una huelga en
ciernes, nadie va a soltar estas cifras", decía ayer a este
diario.De ahí su interés -hoy como un año atrás- de que sea la
Administración la que lo dé a conocer, "por obligación
parlamentaria". Según Celinda Sánchez, «como representante del
pueblo tengo tanto derecho a conocer el número de parados que
hay en mi provincia, como el número exacto de liberados en los
organismos y empresas dependientes del Estado"."Hay que saber
cuántos hay, y lo que cuestan al erario público", añadía, en el
bien entendido de que el PP no promoverá ninguna reducción "si
el número se ajusta a la Ley".Un año después, sin embargo, la
sospecha se ha agrandado: "El Gobierno está tirando balones
fuera, está ocultando el número de liberados porque o no conoce
los datos exactos, o tiene una cifra real que es un escándalo en
un momento en que el desempleo duplica la media europea. Yo
apuesto por esta segunda opción y, en cualquier caso, estoy
decidida, como secretaria de la Comisión Constitucional del
Congreso, a que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, me lo aclare en la Cámara, y antes de
Navidad".
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